En los Estados Unidos, la advertencia ‘Miranda‘ o “Mirandizing” es un tipo de notificación que habitualmente da la policía a sospechosos criminales bajo custodia policial (o en un interrogatorio de custodia) advirtiéndoles de su derecho a guardar silencio; es decir, su derecho a negarse a responder preguntas o proporcionar información a las fuerzas del orden u otros funcionarios y reclamar, si lo desea la presencia o asistencia de un abogado.

Estos derechos se conocen a menudo como derechos ‘Mirandas’ y varios países han incorporado los mismos derechos con algunas variantes locales, la constitución política de Colombia lo consagra en su artículo 33 como derecho a permanecer callado.

En esencia, las autoridades no pueden detener a nadie sin leerle sus derechos.

El objetivo de dicha notificación es preservar la admisibilidad de sus declaraciones formuladas durante el interrogatorio de custodia en procedimientos penales posteriores.

Miranda versus Arizona, el caso Miranda surgió en los años 60, específicamente en 1963 cuando un hombre llamado Ernesto Miranda fue arrestado en el estado de Arizona, EE. UU.

Ernesto Arturo Miranda.

Miranda se le acusó de secuestro y violación, sin derecho a hablar con un abogado y guardar silencio mientras no estuviera en presencia de un abogado de defensa criminal, además firmó un documento donde no entendí­a nada por lo que se le estaba acusando donde daba fe de estar de acuerdo con todo.

Más tarde cuando abogados criminalistas se hicieron cargo del caso se entendió que el señor Miranda habí­a sido ví­ctima de abuso de la ley, que no entendí­a nada de lo que estaba firmando, que no se le habí­a permitido hablar con un abogado antes de firmar la condena o acusación.

Fue entonces que los abogados del señor Miranda trataron de revocar la condena impuesta ya que sus proceso habí­a estado plagado de abusos cometidos por parte de los oficiales de la policí­a.

En 1966 se invalidó la sentencia aplicada a Miranda y a partir de ahí­ se estableció legalmente en todo los estados de Norteamérica que todo ciudadano que es arrestado en el territorio tiene el derecho de utilizar el caso Miranda a su favor.

En lo adelante, el lenguaje utilizado en las advertencias o explicación de sus derechos al detenido, varía entre jurisdicciones, siempre que la advertencia se considere adecuada y cuando los derechos del detenido o demandado se divulguen debidamente y que cualquier renuncia a esos derechos por parte del demandado es consciente, voluntaria e inteligible (atendible).

La advertencia puede ser formulada de la siguiente manera: “Tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas puede ser usado en tu contra en la corte, usted tiene derecho a hablar con un abogado para pedir consejo antes de que le hagamos cualquier pregunta, usted tiene derecho a tener un abogado presente con usted durante el interrogatorio, si no puede pagar un abogado, se le asignará uno antes de cualquier interrogatorio si lo desea, si decide responder preguntas ahora sin un abogado presente, tiene derecho a dejar de responder en cualquier momento“. Los derechos Mirandas están directamente ligados a la Quinta Enmienda de los EE.UU.

Viejo Palacio de Justicia del Condado de Maricopa, donde Miranda fue detenido, encarcelado y se llevó su juicio.

En resumen, los derechos ‘Miranda‘ fueron vistos por muchos en EE. UU y todo el mundo, como un cambio radical en el derecho penal estadounidense, ya que la Quinta Enmienda sólo se entendían tradicionalmente para proteger a los estadounidenses contra todo tipo formal de compulsión a confesar, tales como amenazas por desacato a la corte que lo juzga.

Ernesto Arturo Miranda nació el 9 de marzo de 1941 y murió el 31 de enero de 1976.

La Corte Suprema de EE. UU. dictaminó los ‘Mirandas‘ con otros tres casos consolidados: Westover versus Estados Unidos, Vignera versus New York, y California versus Stewart.

En República Dominicana el Código Procesal Penal (artículo 95) es un poco diferente y contempla nueve derechos fundamentales a toda persona que es (detenida) acusada de la comisión de un delito debe:

  1. Ser informado del hecho que se le atribuye,
  2. Recibir durante el arresto un trato digno,
  3. Conocer la identidad de quien realiza el arresto
  4. Comunicarse de modo inmediato con una persona de su elección,
  5. Ser asistido desde el primer acto del procedimiento por un defensor de su elección
  6. No autoincriminarse,
  7. Ser presentado ante el juez o el ministerio público sin demora,
  8. No ser presentado ante los medios de comunicación, y
  9. Reunirse con su defensor en estricta confidencialidad.

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