En el otoño de 2017, el presidente Trump decidió poner fin al programa de Deferred Action for Childhood Arrivals (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) (DACA).

El programa DACA, impidió la deportación de cientos de miles de los llamados “Dreamers” –personas traídas a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños– y les proporcionó la posibilidad de trabajar legalmente, lo cual fue anunciado por el entonces presidente Barack Obama en junio de 2012, por Andrew Rudalevige del Washington Post.

La administración Obama argumentó en su momento que el programa era legal, tanto por la “discreción fiscal” bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero luego de la elección de Trump, el Departamento de Justicia cambió de opinión.

El 4 de septiembre de 2017, el Fiscal General Jeff Sessions envió una breve carta a la secretaria interina de Seguridad Nacional Elaine Duke, llamando a DACA “una elusión abierta de las leyes de inmigración” y “un ejercicio de inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo“.

Duke rescindió rápidamente el programa en un memorándum al DHS, citando la carta de Sessions. Trump defendió el ‘cambio’, alegando que las reglas debían ser obedecidas, criticando y acusando a Obama por “hacer una carrera sin fin alrededor del Congreso” y denunciando la idea de que “el poder ejecutivo se creyó capaz de reescribir o anular las leyes federales a voluntad“.

Luego de varias luchas y de numerosos desafíos legales hasta junio de 2020, la Corte Suprema canceló la cancelación del DACA, al menos temporalmente.

La principal razón fue que el gobierno de Trump actuó contra el Congreso al no obedecer la Ley de Procedimiento Administrativo. “La disputa ante el tribunal no es si el DHS puede rescindir DACA“, declaró el juez principal John G. Roberts Jr. ante la corte.

En conclusión, “La disputa se basa principalmente en el procedimiento que la agencia siguió“. En resumen, hay reglas que se deben seguir, al hacer reglas.

¿Qué dicen esas reglas?

La Ley de Procedimiento Administrativo (APA) data desde 1946, una de las reformas vinculadas aprobadas a raíz de la Segunda Guerra Mundial. El experto en administración pública David Rosenbloom escribió que “El Congreso aceptó a regañadientes la probabilidad de que la creciente complejidad de las políticas públicas le obligaran a delegar y decidió tratar a los organismos como extensiones del Congreso para el desempeño de funciones legislativas, tales como la elaboración de ese tipo de de normas” y “estableció un marco legal para regular integralmente sus procedimientos“. (Véase La reglamentación de Cornelius Kerwin y Scott Furlong o Bending the Rules de Rachel Potter.)

El juez Roberts, agregó que los elementos claves para el caso DACA fueron que los organismos deben participar en la “toma de decisiones razonadas” y que las acciones de la agencia no pueden ser “arbitrarias o caprichosas“.

Esto es así cuando se formula una nueva política, así como de hacerla a un lado y la decisión del DHS no superó, ni cumplió este requisito.

Decepcionado por los argumentos de la Casa Blanca contra el DACA, Duke del DHS simplemente repitió la misma posición del Departamento de Justicia de que el DACA era ilegal, “punto“, dijo el tribunal, es decir, “Duke simplemente lo llamó ilegal sin ofrecer una justificación de dicha política o considerando qué otras alternativas podrían haber para rescindir completamente el programa“.

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